Acusan a gobiernos latinoamericanos de favorecer a grandes corporaciones en detrimento de comercio justo

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EL MATERO, Madrid (EFE).- La organización Símbolo de Pequeños Productores (SPP), presente principalmente en Iberoamérica, lamentó la “resistencia” de los gobiernos de la región a la economía social solidaria y al comercio justo frente a los intereses de las grandes empresas.


El vicepresidente del Consejo Directivo de SPP, el colombiano Nelson Melo, defendió la necesidad de hacer realidad el derecho de los pueblos a la justicia social que transforme su futuro.


“Honestamente, deberían ser nuestros gobiernos los que apoyen estos temas, pero nos toca a nosotros mismos, y gracias al comercio justo y al trabajo de este movimiento de fuerzas lo estamos logrando”, dijo en el Día Mundial de la Justicia Social durante una rueda de prensa en Madrid.


La situación de estos pueblos “se comprende muy poco” por parte de las autoridades, añadió.


SPP, que agrupa a más de 100.000 familias, facturó 12 millones de dólares en Estados Unidos y Europa durante 2016, el 85 ó 90 % procedente de América Latina, y espera un incremento del 35 ó 40 % en 2017.


“Estos buenos modelos (económicos), en la mayoría de veces tienen la resistencia desde las estructuras de Estado”, subrayó.


El director ejecutivo de SPP, Jerónimo Pruijn, indicó que uno de los objetivos de las redes de comercio justo es incidir en políticas públicas locales, regionales, nacionales e internacionales.


“Hay avances en diferentes países, pero falta muchísimo por hacer (…) Sigue siendo una lucha permanente”, alertó.

Citó como ejemplo el caso del Ecuador, donde la expresión “comercio justo” está en la propia Constitución, con reglas que obligan a empresas y supermercados a ofrecer esos productos.


Prujin constató las dificultades y el mucho tiempo que lleva lograr un desarrollo práctico efectivo de las políticas de comercio justo, incluida la asignación de presupuestos y la reforma de leyes de compras públicas.


Muchos políticos defienden estos modelos sociales en las campañas electorales, pero “desgraciadamente se les olvida cuando llevan un rato en el poder”, comentó. Y en la práctica, invierten mucho más en alianzas con grandes empresas.

Pruijn, de origen holandés, aunque vive en México hace 28 años, apeló a la corresponsabilidad de los consumidores para impedir la explotación de los trabajadores y la destrucción de la naturaleza.


De esta manera se garantizan precios mínimos, argumentó, y unos ingresos dignos para los productores y sus familias, que repercuten en unas mejores condiciones de vida de las comunidades locales.


Melo relató la experiencia de la Cooperativa del Sur del Cauca (Colombia) y cómo ha resistido frente a la “economía ilegal” de las plantaciones de hoja de coca y amapola y la presión de la guerrilla.


SPP, que agrupa a más de 100.000 familias, facturó 12 millones de dólares en Estados Unidos y Europa durante 2016, el 85 ó 90 % procedente de América Latina, y espera un incremento del 35 ó 40 % en 2017. EFE

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