Gobernación y Policía de Costa Rica pide no publicar cuerpos ensangrentados

EL MATERO.-La Oficina de Control de Propaganda adscrita al Ministerio de Gobernación y Policía de Costa Rica pidió al Diario Extra que se abstenga de publicar en sus portadas imágenes de cuerpos de personas -especialmente de mujeres- ensangrentados, mutilados, desnudos, principalmente si han sido víctimas de violencia sexual.

La agencia gubernamental fundamentó su evaluación en el manual de “Criterios para el control de la publicidad comercial” de la Ley 5811 de 1975, por lo que envió el pasado 21 de diciembre una notificación de 37 páginas al periódico en la que evaluó las denuncias de ciudadanos a ese organismo que consideraron “denigrantes para las mujeres” y “publicidad sexista” la portada del 6 de agosto de 2018 con la foto del cuerpo desnudo de una turista mexicana asesinada en la playa de Cóbano, en la zona de Puntarenas.

La presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), María Elvira Domínguez, envió una carta a la directora de la Oficina de Control de Propaganda, Ana Rita Argüello Miranda, en la que se mostró sorprendida de que una agencia gubernamental no diferencie entre parámetros de publicidad y contenidos periodísticos.

Domínguez, también directora del diario El País de Cali, Colombia, dijo: “Nos preocupa que una entidad oficial se entrometa con el criterio editorial del periódico”.

La SIP observó que el análisis del organismo aplica en forma errónea criterios de publicidad a la portada informativa del diario: “La notificación se trata de un llamado de atención y no de un proceso que implique sanción administrativa de ningún tipo”.

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del portal de noticias La Silla Rota de Ciudad de México, México, agregó: “Los temas éticos de los medios de comunicación no deben ser de la incumbencia del gobierno”.

Rock sostuvo que tal como lo consigna la Declaración de Chapultepec en su noveno principio: “La observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de los periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga”.

Ambos directivos de la SIP pidieron “retirar esa notificación o advertencia”. En todo caso, concordaron con el análisis en el documento sobre que si alguna persona, lector o usuario se siente ofendido por publicaciones de los medios, está en su derecho de dirimir el conflicto con el propio medio o acudir a la Justicia.