Comunitarios exigen enjuicien responsables de "pacto secreto"

Las organizaciones comunitarias de la Provincia Peravia exigieron que sean investigados y enjuiciados los funcionarios públicos que apadrinaron la firma de un contrato secreto para la instalación de una nueva planta a carbón de 600 MW en la comunidad de Paya al lado del Proyecto Punta Catalina, violando la constitución, la ley de electricidad y de contrataciones públicas.

Anunciaron la realización de una cadena humana por la transparencia del sistema eléctrico y las plantas de carbón, a efectuarse el martes, 19 de enero, a las 4.00 de la tarde, frente al proyecto en Punta Catalina.

El presidente Danilo Medina, el licenciado Rubén Bichara, Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE, así como el senador Wilton Guerrero y otros funcionarios deben explicar al país, porque se ha procedido de manera clandestina en un contrato que ha podido implicar un compromiso del Estado Dominicano de más de 2 mil millones de dólares. Estos funcionarios son pasibles de ser investigados, y enjuiciados, señalaron.

De igual modo las organizaciones exigen que el gobierno dominicano de explicaciones claras de la situación en que se encuentra el Proyecto Termoeléctrico Punta Catalina, pues han sido cancelados la mayoría de los trabajadores y es generalizada la creencia de que el problema está relacionado con manejos oscuros con que se maneja este proyecto, incluyendo las comisiones prepagadas de soborno de ODEBRECHT para ganar la licitación del proyecto.

El gobierno se maneja sin transparencia en el sistema eléctrico: Se le ha vendido a la población la idea de que las plantas a carbón son la solución de todos los problemas del sector, incluyendo los apagones y la rebaja de las tarifas, sin embargo las plantas no se han concluido y lo que están es asfixiando a la población que no ha podido recibir las rebajas significativas en los combustibles y las tarifas energéticas, debido a que gran parte de los ahorros de la disminución de los precios del petróleo, el gobierno lo ha invertido en Punta Catalina, en una operación sin ninguna transparencia.

Según las organizaciones comunitarias es increíble que sea Juan Vicini, quien tenga que informar al país , que los terrenos de las plantas fueron arrendados al gobierno por 50 años, donde nadie sabe aún cuánto cuesta esta operación, otro punto completamente ilegal.

El gobierno ha sometido al país a una sofocante presión fiscal para sacar adelante un proyecto contaminante que de todos modos está empantanado, mientras que por otro lado la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y Energías Renovables (ASEEFEER) denunció recientemente que el gobierno le ha puesto trabas a unos 11 proyectos que aportarían unos 1,300 MW, de energía no contaminante, casi el doble de lo de las plantas a carbón. El gobierno no da ninguna explicación a este contrasentido.

Las organizaciones dijeron que ya está bueno de tantos abusos e invitaron a la población a participar de la cadena humana contra la oscuridad frente a las plantas de carbón el martes 19 de enero.