Lula, imputado por tratar de sobornar a un acusado de Petrobras

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EL MATERO, LAS MATAS DE FARFAN.-Al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se le complica el laberinto judicial en el que vive inmerso. Un juez de Brasilia le ha imputado, junto a otras cinco personas, el delito de obstrucción a la justicia y le acusa de formar parte de una trama que trató de comprar el silencio de uno de los acusados de la red corrupta de Petrobras que, según la Fiscalía, iba a denunciarles. 


El Fiscal reclama por esto al carismático político brasileño una pena de cárcel de tres a cinco años.

 

A juicio del Fiscal, Lula “impidió y dificultó la investigación criminal” que trata del Caso Petrobras “ocupando un papel central” en el asunto. 


Los hechos se remontan a 2015, cuando el senador Delcídio do Amaral, hombre fuerte del PT (Partido de los Trabajadores) en la Cámara Baja, fue denunciado por tratar de comprar el silencio de un ex alto cargo de Petrobras acusado de corrupción, Néstor Cerveró. En una grabación oculta efectuada por el hijo de Cerveró, Bernardo, Do Amaral aconsejaba al ex alto cargo, a cambio de dinero, que no colaborara con el sistema judicial brasileño delatando a otros implicados en la trata a cambio de rebajar condena y que escapara al extranjero.


En la conversación, Do Amaral, incluso, llegaba a recomendarle cómo debía huir en avión a Europa vía Madrid. Bernardo Cerveró grabó todo y entregó la grabación al juez. Y el que se tornó a partir de ahí colaborador con la justicia –también a cambio de rebajas de condena–, fue Do Amaral. El ex senador (fue expulsado del Senado y del Partido de los Trabajadores) ha asegurado a la policía que, en el fondo, era Lula el que lideraba todo este plan para silenciar a Cerveró.


La Fiscalía considera que lo que argumenta Do Amaral es cierto: “Delcídio do Amaral, como representante del Gobierno (entonces gobernaba el PT con Dilma Rousseff), no ejercía de líder de esta trama criminal. (…) Y el relato de Delcídio se muestra claro, plausible y, lo que es más, corroborado por varias reuniones mantenidas entre Lula y Bumlai (un ganadero millonario amigo de Lula y también imputado en este caso) para que éste pasase a comprar el silencio de Cerveró”.


No es este el único caso en el que está envuelto Lula, aunque sí es el único, hasta ahora, en que obtiene la categoría de imputado. También el juez Sérgio Moro, de Curitiba, le investiga, paralelamente, por sospechas de haber obtenido un apartamento en la playa del litoral de São Paulo y una casa de campo pagados por empresas relacionadas con la trama corrupta de Petrobras. También, en un tercer frente, al expresidente brasileño el Tribunal Supremo le investiga, por obstruir la justicia amparándose en un cargo de ministro –que nunca llegó a ostentar– para obtener un foro privilegiado que le permitiera, precisamente, escapar del juez Moro y de su investigación sobre el apartamento en la playa y la Casa de Campo.


Lula no ha perdido, aún, sus esperanzas de presentarse a las elecciones de 2018, en representación del PT. De hecho, aún aparece encabezando los sondeos en el primer turno de las elecciones. En el segundo, en cambio, pierde en todas las encuestas, lo que indica que el rechazo que genera es aún mayor que la adhesión que suscita entre sus seguidores. 


De cualquier modo, según muchos que le conocen bien, sólo dos circunstancias podrán evitar que no acuda a esas elecciones: una es que su salud, débil en los últimos años en los que superó un cáncer, se resienta. La segunda es que la pinza de la justicia, en cualquiera de los casos que penden sobre él, finalmente, le atrape.


En una nota emitida poco después de conocer el auto del juez, la defensa de Lula aseguró que el ex presidente brasileño ya esclareció ante la Fiscalía General de la República que nunca trató de interferir en las investigaciones del Caso Petrobras”. Y añade: “La acusación se basa solamente en la delación –recompensada a cambio de rebaja de condena- de un imputado que ha confesado sin credibilidad” . “Lula”, prosigue, “no se opone a ninguna investigación siempre que sea realizada con arreglo a los debidos procesos legales y a las garantías fundamentales”.


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