El crecimiento de las bandas criminales es un problema que ha secuestrado a Haití .

Puerto Príncipe, Haití, se ha convertido en la capital mundial del secuestro.

Hace poco más de una semana, 17 personas de un grupo misionero con sede en Estados Unidos fueron secuestradas en lo que es considerado como el atentado flagrante más reciente de este tipo. En abril, un grupo de secuestradores interrumpió un servicio evangélico que se transmitía en vivo por Facebook para capturar al pastor y a tres feligreses. Pocos días después, en otro evento, cinco sacerdotes católicos, dos monjas y otras tres personas fueron capturadas mientras se dirigían a un servicio religioso en un suburbio al norte de Puerto Príncipe. Fueron liberados después de tres agonizantes semanas.

Los incidentes resaltan el creciente poder y el aplomo de las bandas armadas de Haití.

Mientras tanto, los problemas internos de Haití siguen aumentando. La nación todavía está sufriendo una crisis política no resuelta tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio y las consecuencias humanitarias de un terremoto en agosto. Pero hasta que el gobierno haitiano logre controlar el crimen y llevar a las pandillas ante la justicia, el restablecimiento del orden constitucional y la recuperación humanitaria y económica del país seguirán siendo esquivos.

Es una tarea muy complicada para un Estado que apenas funciona. Y a pesar de una historia de intervenciones fallidas en Haití, los actores externos influyentes tienen un papel en todo esto. Proteger y brindar ayuda humanitaria, apoyar a las fuerzas del orden público de Haití, con inteligencia y planificación de operaciones, e invertir en comunidades marginadas para prevenir el reclutamiento de las pandillas, son áreas en las que los actores internacionales pueden hacer una diferencia.

Las pandillas tienen una larga e infame historia en la conformación política de Haití.

El expresidente François Duvalier, conocido como Papa Doc, se protegió de los golpes militares y la disidencia popular a través de la organización de grupos paramilitares que supervisaron un reinado de terror en la década de 1960, una época sangrienta que dio como resultado unas 60.000 ejecuciones extrajudiciales. Del mismo modo, Jean-Bertrand Aristide, el primer líder elegido de manera democrática en Haití, se apoyó en bandas conformadas por habitantes de barrios marginales urbanos para defender su presidencia de un posible derrocamiento, que de todos modos ocurrió tanto en 1991 como en 2004.

Las Naciones Unidas comenzaron su misión de estabilización en Haití, MINUSTAH, durante las elecciones posteriores a Aristide en 2004. Los abusos cometidos por los pacificadores de la ONU contra la población haitiana, así como las consecuencias imprevistas de la MINUSTAH, están bien documentados: las tropas extranjeras cometieron reiterados actos de violencia sexual contra los residentes e incluso jugaron un papel crucial en el brote inicial de una epidemia de cólera que le costó la vida a al menos10.000 haitianos.

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