"Desafíos en la Implementación de la Ley 63-17 en la República Dominicana: Un Análisis de la Gobernanza y la Seguridad Vial"

El informe titulado “Institucionalidad y Gobernanza en la Eficacia de las Políticas Públicas de Seguridad Vial”, elaborado por el Defensor del Pueblo, pone en evidencia un problema crítico en la República Dominicana: la alarmante tasa de accidentes y muertes en las carreteras, en gran medida atribuible al incumplimiento de la Ley 63-17, que regula el tránsito terrestre. Este documento no solo revela las deficiencias en la aplicación de la ley, sino que también destaca las consecuencias devastadoras que estas fallas tienen en la seguridad vial del país.

Reflexión sobre el Informe

El informe plantea un panorama preocupante: la República Dominicana registra más de 3,000 muertes al año debido a accidentes de tránsito, lo que se traduce en una tasa de 34.6 muertes por cada 100,000 habitantes, según la Organización Mundial de la Salud (2018). Estas cifras ubican al país como uno de los más peligrosos del mundo para la circulación vehicular, ocupando el quinto lugar a nivel global y el segundo en la región de las Américas en términos de seguridad vial. Este dato es sorprendente, especialmente si se considera que la República Dominicana es clasificada como un país de ingresos medios, con un PIB per cápita de $10,120 dólares estadounidenses (Banco Mundial, 2022).

A primera vista, podría esperarse que un país con una posición económica relativamente estable tuviera mejores resultados en términos de seguridad vial. Sin embargo, la realidad del país contradice esta expectativa, sugiriendo que la problemática no radica únicamente en factores económicos, sino en una combinación de fallos institucionales, culturales y de gobernanza.

El Rol de la Ley 63-17

La Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, promulgada en febrero de 2017, fue diseñada con la intención de abordar y mitigar estos problemas, estableciendo regulaciones claras sobre aspectos como el nivel de alcohol permitido en la sangre de los conductores. No obstante, el informe destaca que su implementación ha sido insuficiente. Antes de la promulgación de esta ley, el país carecía de una regulación estricta en temas de seguridad vial, lo que contribuyó a un aumento considerable de los accidentes. A pesar de la existencia de esta ley, la falta de un sistema efectivo de monitoreo y recopilación de datos sobre el consumo de alcohol en incidentes viales, así como la falta de regulación en la venta de bebidas alcohólicas desde vehículos, han perpetuado el problema.

Grupos Vulnerables

Las estadísticas del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para el año 2018 revelan que los motociclistas y peatones son los grupos más vulnerables, representando el 67.3% y el 17.5% respectivamente de las muertes por accidentes de tránsito. Esto significa que alrededor del 85% de las muertes en las vías involucraron a estos dos tipos de usuarios. Estas cifras subrayan la necesidad urgente de políticas públicas más eficaces y de una implementación rigurosa de la Ley 63-17 para proteger a estos grupos más expuestos.

Causas Subyacentes y Propuestas de Mejora

El informe sugiere que uno de los principales factores detrás de la alta tasa de accidentes es el consumo de alcohol al volante. Se estima que un 43.9% de las lesiones viales registradas entre 1985 y 2011 estuvieron vinculadas al consumo de alcohol. Esta cifra es alarmante y refleja no solo la necesidad de una mayor regulación y control por parte del Estado, sino también de un cambio cultural en la percepción del consumo de alcohol y la conducción.

Además, el informe resalta la falta de gobernanza efectiva y la debilidad institucional como factores que agravan la situación. Existe una desconexión entre las políticas públicas diseñadas y su implementación efectiva en la realidad cotidiana. La falta de sanciones adecuadas y la corrupción en algunos casos contribuyen a que las leyes no se apliquen de manera correcta, perpetuando así un ciclo de impunidad y riesgos en las carreteras.

Conclusión

En conclusión, el informe del Defensor del Pueblo sobre la "Institucionalidad y Gobernanza en la Eficacia de las Políticas Públicas de Seguridad Vial" es un llamado urgente a la acción. La República Dominicana se enfrenta a una crisis de seguridad vial que requiere no solo la implementación efectiva de la Ley 63-17, sino también una revisión profunda de las políticas públicas, la mejora de la gobernanza y un cambio cultural en la conducta de los conductores. Solo a través de un esfuerzo conjunto entre el Estado, la sociedad civil y los ciudadanos se podrá reducir la alarmante tasa de mortalidad en las carreteras y garantizar un entorno más seguro para todos.