¿Donde se gasta el dinero?

La afirmación del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) sobre la falta de resultados visibles tras años de asignar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación merece una reflexión profunda. Respaldar esta postura no implica restarle valor a la educación como prioridad nacional, sino más bien señalar que el aumento presupuestal, por sí solo, no ha producido mejoras proporcionales en la calidad del sistema educativo dominicano. La inversión es necesaria, pero su impacto depende directamente de la gestión, la planificación y el uso eficiente de los recursos.

Desde 2013, cuando se comenzó a aplicar el 4% del PIB a la educación preuniversitaria en la República Dominicana, las expectativas de transformación fueron altas. Sin embargo, una década después, los indicadores de calidad educativa, como los resultados de las pruebas nacionales, las evaluaciones internacionales como PISA y el desempeño docente, continúan mostrando rezagos importantes. Este desfase entre inversión y resultados evidencia que el problema no radica únicamente en la cantidad de dinero asignado, sino en la manera en que se administra.

Uno de los principales desafíos ha sido la falta de planificación estratégica. Parte del presupuesto ha sido utilizado en construcciones y ampliaciones de infraestructuras escolares, muchas veces sin criterios técnicos claros o con retrasos significativos. Además, se ha denunciado el uso ineficiente de fondos en contrataciones, compras de materiales y formación docente, sin un sistema robusto de evaluación del impacto real de esas acciones. Esta situación genera desconfianza y refuerza la percepción de que, a pesar del esfuerzo fiscal, los resultados no son los esperados.

Asimismo, es importante reconocer que la calidad educativa no mejora únicamente con inversión económica. Factores como la preparación y motivación del profesorado, la actualización curricular, la supervisión pedagógica y el involucramiento de las familias también son determinantes. En ese sentido, el gasto debe ser orientado con una visión integral que priorice la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, y no solo la cobertura o el número de escuelas construidas.

Respaldar la advertencia del CONEP no significa oponerse a la inversión en educación. Por el contrario, implica exigir mayor transparencia, eficiencia y responsabilidad en la ejecución del presupuesto educativo. La educación es la base del desarrollo sostenible de un país, pero para que el financiamiento produzca verdaderas transformaciones, debe estar acompañado de una gestión comprometida con el cambio real.

En conclusión, el señalamiento del CONEP pone en evidencia una realidad preocupante: el incremento en la inversión educativa no ha generado los avances esperados en términos de calidad y rendimiento. Desde una perspectiva crítica y constructiva, es fundamental que el Estado revise sus políticas educativas, fortalezca los mecanismos de evaluación y rinda cuentas de forma clara a la sociedad. Solo así se podrá lograr que el 4% deje de ser una cifra simbólica para convertirse en una verdadera herramienta de cambio.