DIARIO EL MATERO, Santo Domingo.– El Tribunal Colegiado de La Altagracia condenó a 10 años de prisión a Víctor Manuel Kerry, conocido como “el pastor”, y a cinco años a Robinson Peguero, alias “el profeta”, tras encontrarlos culpables por abuso sexual contra menores de edad que asistían a su congregación religiosa en el municipio de Higüey.
Según el expediente presentado por el Ministerio Público, los condenados aprovecharon su rol de autoridad espiritual y cercanía con las familias de la comunidad para cometer los abusos en contra de varios menores, hechos que ocurrieron dentro del entorno de la iglesia que ellos mismos lideraban.
Las víctimas eran parte activa de la congregación y acudían regularmente a las actividades religiosas, lo que facilitó que los agresores ganaran su confianza y la de sus padres. Fue precisamente esa influencia espiritual lo que agravó el delito, según argumentó el tribunal.
Durante el proceso judicial, se presentaron múltiples evidencias y testimonios que confirmaron el patrón de abuso ejercido por ambos acusados.
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El tribunal determinó que se valieron de la fe y la autoridad religiosa para manipular a los menores y vulnerar sus derechos fundamentales.
La sentencia fue recibida con alivio por parte de los familiares de las víctimas y con indignación por miembros de la comunidad, que exigieron mayor vigilancia sobre grupos religiosos no regulados. Organizaciones sociales y de protección a la infancia también se pronunciaron en respaldo a las víctimas.
Víctor Manuel Kerry deberá cumplir su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, mientras que Robinson Peguero lo hará en un recinto penitenciario por confirmar.
El tribunal determinó que, los condenados a 10 y 5 años de prisión, utlisaron la fe religiosa para manipular a los menores y vulnerar sus derechos.
El tribunal determinó que, los condenados a 10 y 5 años de prisión, utlisaron la fe religiosa para manipular a los menores y vulnerar sus derechos.
Ambos fueron también inhabilitados para ejercer cualquier actividad relacionada con menores de edad durante el tiempo que dure su condena y por cinco años adicionales.
Las autoridades hicieron un llamado a la población a denunciar cualquier tipo de abuso, sin importar quién lo cometa, y recordaron que el liderazgo espiritual no debe servir como escudo para cometer crímenes.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una mayor fiscalización y regulación de organizaciones religiosas, especialmente aquellas que operan al margen de las estructuras institucionales y sin supervisión adecuada. Fuente elnacionaldigital
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