En las últimas décadas, el Sistema Dominicano de Seguridad Social ha sido una herramienta clave para ampliar el acceso a los servicios sanitarios, especialmente para las poblaciones vulnerables. Dentro de este entramado institucional, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ha jugado un papel decisivo al brindar cobertura médica a millones de dominicanos, tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo. No obstante, informes recientes advierten que SeNaSa podría estar enfrentando una crisis de sostenibilidad financiera, una situación que pone en entredicho no solo su operatividad presente, sino el futuro de la atención médica pública en República Dominicana.
La advertencia de que SeNaSa "camina en la cuerda floja" no es simplemente una metáfora alarmista. Diversas voces expertas han señalado que el crecimiento acelerado del número de afiliados, combinado con una estructura de ingresos limitada y con tensiones dentro del sector salud, ha colocado a la institución en un punto crítico. El desequilibrio financiero, si persiste, podría afectar la calidad de los servicios, la cobertura de medicamentos y la red de prestadores. Este artículo analiza de forma crítica la situación actual de SeNaSa, reflexionando sobre sus causas, implicaciones y posibles vías de solución.
La situación financiera de SeNaSa ha despertado preocupación tanto en el sector salud como en la opinión pública. Según el informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2024, la institución presenta un déficit operativo que podría agravarse en los próximos meses si no se implementan correctivos estructurales. Este déficit se debe, en parte, al crecimiento exponencial del régimen subsidiado, que actualmente cubre a más de 7 millones de personas, muchas de las cuales no contribuyen directamente al sistema por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica.
Uno de los factores que ha contribuido a esta presión financiera es el aumento de los costos en la prestación de servicios médicos. La inflación en medicamentos, la ampliación de la cartera de servicios cubiertos y los reajustes tarifarios exigidos por los prestadores de salud han elevado los gastos de manera significativa (Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL, 2023). Aunque el objetivo de mejorar la calidad y accesibilidad es loable, hacerlo sin una fuente de financiamiento sostenible puede llevar a un colapso del sistema.
Además, se ha señalado la falta de eficiencia administrativa como un elemento que agrava la situación. Diversos estudios han encontrado debilidades en los procesos de supervisión, control de gastos y auditoría interna, elementos esenciales para una gestión responsable de los fondos públicos (PNUD, 2022). La persistencia de estas falencias compromete la confianza ciudadana y abre espacio para prácticas poco transparentes que debilitan la institucionalidad.
Otro punto crítico es el conflicto latente con los prestadores de servicios privados, quienes han elevado su presión para obtener mayores pagos por consultas, procedimientos y hospitalizaciones. Esta tensión ha provocado interrupciones en la atención a los afiliados y amenaza con fragmentar aún más el sistema de salud, generando inequidades sustanciales entre quienes tienen acceso a clínicas privadas de calidad y quienes dependen exclusivamente de los hospitales públicos
Frente a este panorama, resulta indispensable repensar el modelo de financiamiento y gestión de SeNaSa. Algunos expertos proponen una reforma integral que contemple la diversificación de fuentes de ingreso, la modernización tecnológica para optimizar la trazabilidad de los servicios y una mayor fiscalización sobre los actores del sistema. No se trata simplemente de inyectar más recursos, sino de garantizar que estos sean utilizados con responsabilidad, equidad y visión de largo plazo.
La situación actual del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) refleja una encrucijada crítica que demanda atención inmediata por parte del Estado, los actores del sistema de salud y la sociedad en general. Más allá de los números y los informes técnicos, lo que está en juego es el derecho fundamental a la salud de millones de dominicanos, especialmente de aquellos que dependen exclusivamente del régimen subsidiado para acceder a servicios médicos dignos.
El creciente déficit operativo, combinado con desafíos estructurales como la ineficiencia administrativa, el aumento de los costos sanitarios y la tensión con los prestadores privados, revela una institucionalidad que se encuentra al límite de su capacidad. Aunque SeNaSa ha sido históricamente una herramienta poderosa de inclusión social, su sostenibilidad futura no puede darse por sentada.
Es necesario adoptar una mirada crítica y comprometida que impulse reformas profundas, guiadas por la transparencia, la equidad y la planificación estratégica. Solo así será posible preservar los logros alcanzados y garantizar que el sistema de salud dominicano continúe siendo un derecho y no un privilegio. Si bien el camino es complejo, la voluntad política, acompañada de la participación ciudadana y la cooperación técnica, puede convertir esta crisis en una oportunidad para fortalecer las bases del sistema.
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