DIARIO EL MATERO, La rápida evolución de las nuevas tecnologías, como lainteligencia artificial (IA), ha generado una nueva preocupación en la República Dominicana: la ausencia de una regulación legal.
Para dos de los 13 magistrados que integran el pleno del Tribunal Constitucional (TC), establecer un marco legal con el objetivo de regular a los nuevos sistemas de razonamiento automatizado es un desafío para la sociedad dominicana.
Así lo consideraron el pasado 13 de agosto Army Ferreira y Amaury Reyes Torres, al participar en conversatorio educativo sobre derecho y justicia constitucional dirigida a comunicadores, celebrado en la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Creo que el desafío mayor, aunque ya hay una estrategia nacional de ciberseguridad que implica un capítulo de inteligencia artificial, es tener una regulación que pudiera dar respuesta a la realidad que vivimos hoy”, dijo Ferreira durante el panel.
Por lo que Ferreira entiende necesario que comiencen el desarrollo de diversos estudios, los cuales permitan identificar los derechos fundamentales afectados por el uso “desproporcionado y antiético de esas herramientas”. De esta manera, República Dominicana podría edificar una normativa flexible, “salvando esos derechos, pero, algo tenemos que hacer con ese producto en el mercado”.
Además, indicó que en las discusiones sobre una posible nueva ley se debe especificar cuáles serán las responsabilidades del Estado con relación a la ciberseguridad de las plataformas, concesión de licencias para los desarrolladores, así como discutir la entidad que tendría la potestad de imponer sanciones administrativas para la protección de datos personales.
El magistrado Amaury Torresentiende que la utilización de los innovadores métodos de procesamiento artificial podrían ser “un riesgo para la democracia” en general. Lo que otorga a los medios de comunicación un rol importante para contribuir al desarrollo de la población: Usar de manera adecuada los instrumentos tecnológicos.
Ante los requerimientos de, al menos, algunas directrices, Torres sugirió regresar a los principios de explicabilidad, transparencia e intervención o supervisión humana, que servirían de ayuda para disponer de una visión sobre “cómo movernos ante diversos problemas”.
“La unión entre la desinformación, la posverdad como la subordinación de la realidad a la política, encontramos muchos problemas ahí…”, detalló al mencionar algunas debilidades que registran las sociedades con los programas artificiales.
Ferreira visualiza fundamental colocar dentro de los preceptos el consumo de las informaciones, prevaleciendo el proceso de verificación.
“No es que la inteligencia artificial genere ni invente, sino que toma de bases de datos existentes y, por la similitud de las palabras, genera una respuesta que podría ser equivocada”, declaró.
Una de las preguntas en el diálogo fue sobre una posible reforma constitucional para adecuar la regulación en la Carta Magna. El especialista en derecho constitucional, Eduardo Jorge Prats, descarta este escenario, ya que el artículo 49 de la norma suprema contempla cualquier medio para ejercer el derecho de Libertad de Expresión e Informarse.
La Constitución, al igual que la próstata, no hay que tocarla a menos que sea indispensable. No habría necesidad en principio de modificar la constitución”, dijo al participar como ponente.
No obstante, Prats opina que cualquier legislación elaborada en el país estaría sujeta al riesgo de quedar “anquilosada, muy detrás” de los avances que presentan cada día los sistemas tecnológicos.
“Por eso en este campo, la existencia de principios, sugerencias de comités de sabios, organismos científicos, de ese derecho suave que va orientando a los operadores, al Estado y la sociedad es lo más conveniente”, destacó, recomendando la creación de una mesa de debate en la que participen expertos, junto a representantes de la sociedad.
Prats aprovechó su intervención para compartir lo que, según explicó, debería contener un documento normativo preliminar.
“Reserva de humanidad sería un principio fundamental. Una autoridad reguladora con una autonomía reforzada, no dependiente de la administración central. Un código de buenas prácticas. Entrada en vigencia escalonada, que le permita adecuarse a la normativa. Un mapa de riesgo asociado al uso y abuso de la inteligencia artificial”, expresó Prats, quien también es maestro de derecho en la PUCMM.
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