El laberinto de la Seguridad Social: ¿Quién cuida de quienes sostienen el sistema?

En República Dominicana, cada mes trabajadores y empleadores aportan religiosamente un porcentaje de sus ingresos al sistema de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). La ley es clara: el trabajador contribuye con un 5.91% de su salario, y el empleador con un 7.10% y un 7.09% adicional, según los distintos fondos a los que se destinan dichos aportes.

Hasta ahí, todo parece ordenado. Pero cuando levantamos la mirada y observamos lo que se recibe a cambio, comienza la frustración. ¿Dónde está el retorno social de esas millonarias recaudaciones? ¿Dónde están los servicios médicos dignos, la pensión garantizada, la protección integral que se prometió?

Mientras tanto, el sistema sigue creciendo en estructuras paralelas, instituciones duplicadas y gastos administrativos que más parecen un entramado burocrático que una solución al bienestar ciudadano. Directamente de la TSS se derivan:

1. Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS)
2. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)
3. Superintendencia de Pensiones (SIPEN)
4. Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA)
5. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL)
6. Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)
7. Administradoras de Riesgos de Salud (ARS)
8. Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)
9. Sistema Nacional de Salud (SNS)
10. Empresa Unipago S.A. (procesadora de datos de la TSS)

Estas diez entidades son sostenidas con el mismo dinero que mes tras mes aportamos los dominicanos, y aún no estamos incluyendo las instituciones indirectamente vinculadas, como ministerios, hospitales descentralizados, proveedores, ni mucho menos los organismos que se proyectan para temas como el tránsito, el envejecimiento o la discapacidad.

¿No sería más eficiente tener una sola institución integrada que vele por la administración, fiscalización y garantía de los fondos? ¿Por qué seguir multiplicando oficinas, directores, salarios, vehículos, viáticos y consultorías, mientras a la población se le dificulta hasta acceder a una pensión mínima?

Y para añadir sal a la herida, el proceso para registrarse en el sistema es tan sencillo como presentar la cédula del empleador. Pero para retirarse o reclamar lo que por derecho corresponde, el camino es otro: formularios, certificaciones, esperas eternas, requisitos que desmotivan y agotan. Se castiga al que quiere ejercer su derecho, mientras se privilegia la recaudación sin transparencia plena sobre el retorno.

El modelo actual no inspira confianza. Los trabajadores saben que pagan, pero no creen que algún día cobrarán algo digno. Las pensiones no alcanzan. Los servicios de salud son limitados. Y mientras tanto, los edificios institucionales se llenan y los presupuestos también.

No se trata de destruir el sistema, sino de transformarlo. De simplificar estructuras, eliminar duplicidades y devolverle al pueblo lo que realmente le pertenece: una seguridad social con rostro humano, con impacto real y con un enfoque de justicia.

Porque al final, el sistema no debería existir para sostener instituciones, sino para sostener vidas.