El llamado de la Fuerza del Pueblo a declarar el sector eléctrico en emergencia es un reflejo de la grave situación que atraviesa el país. La ola de apagones que afecta a toda la población dominicana, desde barrios hasta ciudades, es una realidad que no puede ser ignorada. La desesperación de la ciudadanía, evidenciada en protestas y quejas, es un indicador claro de la urgencia de la situación.
Es necesario analizar las causas de esta crisis. La crítica de la FP al enfoque populista del gobierno y su descuido de las inversiones en la infraestructura eléctrica es una observación válida. La falta de inversión en la mejora, modernización y readecuación de la infraestructura de distribución ha llevado a un aumento significativo de las pérdidas técnicas y el déficit del sector.
La ineficiencia gerencial y la irresponsabilidad también juegan un papel crucial. El incumplimiento de las metas establecidas en el Pacto Eléctrico, como la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas, es una señal preocupante. La compra de transformadores reconstruidos en lugar de nuevos, una decisión cuestionable, evidencia la falta de planificación y coordinación en el sector.
Es fundamental que el gobierno tome medidas concretas para abordar esta crisis. Declarar el sector eléctrico en emergencia permitiría la implementación de un plan de acción urgente que incluya:
Aumento de la inversión en infraestructura: La modernización y expansión de la red eléctrica es crucial para mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas.
Reforzar la gestión del sector: Se necesitan medidas para mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión de las empresas distribuidoras.
Priorizar la compra de equipos nuevos: La compra de transformadores reconstruidos no es una solución a largo plazo y puede generar problemas adicionales.
Implementar un plan de comunicación efectivo: Es necesario que el gobierno informe a la población sobre las medidas que se están tomando para solucionar la crisis.
La crisis eléctrica en República Dominicana es una situación que afecta la calidad de vida de la población y el desarrollo del país. Es imperativo que el gobierno actúe con responsabilidad y urgencia para encontrar una solución sostenible a este problema.
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