La justicia desmonta la organización del referéndum ilegal de Cataluña
EL MATERO.-- El mayor golpe al referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre no lo han asestado ni el Gobierno ni la fiscalía, sino un juez de instrucción de Barcelona.
La Guardia Civil lanzó ayer, por orden del magistrado, una operación que culminó con la detención de los máximos responsables operativos de la consulta. Algunos de esos altos cargos integran el equipo de confianza del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, de ERC.
Los agentes practicaron 41 registros, incluidos seis despachos oficiales de las consejerías de Economía, Exteriores, Gobernación y Trabajo. Las detenciones (14 en total)provocaron una oleada de protestas en las calles de Barcelona y el rechazo frontal del president Carles Puigdemont, que llamó a movilizarse, pese a todo, el 1 de octubre.
La Guardia Civil entró en la sede del Departamento de Economía y Hacienda —dirigido por Junqueras— a las 8.00. Esas oficinas fueron, por la mañana, el epicentro de las concentraciones de protesta que empezaron a formarse apenas una hora después.
Los agentes detuvieron allí a cuatro personas: el secretario general y númerodos de Junqueras en Vicepresidencia, Josep Maria Jové; el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó; el director de Patrimonio, Francesc Sutrias; y la directora de Servicios de Vicepresidencia, Natàlia Garriga. En la calle, cientos de personas gritaban “votaremos”, “democracia” e “independencia”.
Las detenciones de altos cargos —tres de ellos quedaron en libertad a última hora de la tarde— y los registros en departamentos y sedes de organismos oficiales de la Generalitat se sucedieron a lo largo del día. Algunos de ellos, como Jové, son figuras clave en la organización de la consulta. La mano derecha de Junqueras fue integrada en el órgano de “coordinación política” en julio, tras la crisis desatada en el seno del Gobierno catalán.
Al tremendo golpe judicial de ayer se suman las actuaciones en los últimos días de la Guardia Civil, que se ha incautado de propaganda y notificaciones para la consulta.
La macrorredada supone un mazazo a los planes de la Generalitat de celebrar el referéndum el próximo 1 de octubre. Pese a que la operación se produjo por orden judicial, Puigdemont afirmó que el Gobierno catalán había sido objeto de “una agresión coordinada por las fuerzas policiales del Ministerio del Interior” y que la operación estaba “fuera del amparo legal”. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, insistió en esa misma idea: “Se están practicando registros por motivos políticos”, y recordó a Rajoy que “siempre puede cambiar y debe frenar la estrategia represiva”.
Las declaraciones de Puigdemont y Colau se producen después de que la convocatoria del referéndum provocara una contundente respuesta del Gobierno y de la fiscalía, que dio órdenes a la policía de impedirlo a toda costa. La operación de ayer, sin embargo, no fue ordenada por ningún órgano ejecutivo del Estado, sino por Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona. Ramírez ordenó los registros, aunque no explícitamente las detenciones, que quedaron al criterio de la Guardia Civil, según un portavoz oficial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El juez, en todo caso, tuvo conocimiento de los arrestos, según fuentes judiciales. No consultó a la fiscalía su opinión sobre la práctica de las diligencias, sino que las acordó directamente y le informó de ello, señalan fuentes de la fiscalía.
El partido político Vox, extraparlamentario, se querelló contra el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, y el jurista y exvicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi i Sunyer, que en ese momento dirigía el Instituto de Estudios del Autogobierno por encargo de la Generalitat. El juez Ramírez Sunyer acabó asumiendo también ese caso y, desde entonces, investiga a una veintena de personas por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.
La causa tenía por objeto, inicialmente, comprobar la veracidad de las palabras del exjuez Vidal. Con el paso del tiempo y la práctica de diligencias, se ha convertido en la gran causa contra las llamadas “estructuras de Estado” —los agentes se llevaron ayer, por ejemplo, documentos de la Agencia Catalana de Protección Social— y contra el referéndum ilegal. El juez ha investigado todos estos meses amparado por el secreto de sumario. La Guardia Civil llamó a declarar ya en junio, como testigos, a altos cargos.
Ni diputados ni consejeros
Las detenciones de ayer afectan a altos cargos de la Generalitat, pero en ningún caso a diputados o consejeros del Gobierno. En tal caso, el juez debería haberse inhibido a favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que mantiene abierta, desde el 8 de septiembre, una causa contra Puigdemont, Junqueras y el resto de miembros del Gobierno por la convocatoria del referéndum.
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